Un nuevo capítulo se abrió en la controversia entre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones, luego de que la Contraloría General de la República otorgara un plazo de diez días a la ministra Trinidad Steinert y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que entreguen antecedentes sobre un oficio reservado enviado por la autoridad a la institución policial en marzo, previo al llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.
La decisión del ente fiscalizador se produce en medio de cuestionamientos políticos y administrativos sobre si la secretaria de Estado se extralimitó en sus atribuciones al solicitar información vinculada a una investigación penal en curso. La actuación de Contraloría se da además tras una petición de pronunciamiento presentada por el diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara.
El oficio de la discordia
El documento fue enviado el 13 de marzo —menos de 48 horas después de que Steinert asumiera el cargo— y estaba dirigido a Cerna. En él, la ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a diligencias en la Región de Tarapacá, en el marco de la investigación del denominado "Clan Chen".
El oficio, calificado como reservado, pedía información sobre destinaciones, fundamentos de traslados y eventuales antecedentes administrativos de los detectives involucrados.
La solicitud generó alertas tanto al interior de la PDI como en el ámbito político, al tratarse de materias relacionadas con causas penales en desarrollo y vinculadas además a la antigua labor de la ministra en el Ministerio Público.
Días después, la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, respondió el requerimiento y, tras una reunión entre Steinert y Cerna el 20 de marzo, fue llamada a retiro. La secuencia de hechos —el oficio, la respuesta y la salida de la oficial— instaló dudas sobre una eventual relación entre estas decisiones.
La situación derivó en tensiones entre la cartera de Seguridad y la PDI, con repercusiones en el Congreso y solicitudes para que la Contraloría revisara el actuar de la ministra.
Ahora, con el requerimiento de antecedentes, el organismo contralor busca establecer si el oficio se ajustó a derecho o si implicó una intervención indebida en funciones que corresponden al Ministerio Público y a las policías en el marco de investigaciones penales.
El pronunciamiento de Contraloría podría tener efectos administrativos y políticos relevantes en un caso que ya tensionó la relación entre el Gobierno y la PDI, y que marcó uno de los primeros flancos de la gestión de Steinert al frente del Ministerio de Seguridad.
Todo ocurre además a pocos días de que Cerna deba asistir al Congreso, en medio de la controversia y luego de que el Presidente José Antonio Kast señalara en una entrevista radial que la salida de Peña se produjo a petición de la máxima autoridad de la PDI.
