La exministra de Seguridad ingresó una solicitud de reconsideración ante el órgano dirigido por Dorothy Pérez.
En tanto, el oficialismo critica que la Contraloría "se ha excedido" en sus atribuciones, mientras que el Gobierno ha evitado pronunciarse sobre el tema.
La exministra de Seguridad Trinidad Steinert presentó una solicitud de reconsideración para que la Contraloría General de la República (CGR) anule el fallo emitido en su contra que fue dado a conocer el jueves 1 de julio recién pasado.
En dicho dictamen, el órgano contralor estableció que la exautoridad excedió sus facultades al solicitar información sensible y detallada sobre una investigación penal en curso, apenas 48 horas después de haber asumido su cargo el 11 de marzo.
A través del dictamen N° D344/2026, el ente fiscalizador analizó el polémico oficio reservado N° 28, mediante el cual Steinert requirió a la PDI una nómina detallada de los funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa con un RUC específico (investigación al "Clan Chen" en Iquique).
Ahora, a través de un documento de 26 páginas y patrocinado por el abogado Rodrigo Irrazábal, la exministra pide "dejar sin efecto la conclusión" que apunta en su contra, ya que considera que existen "errores en derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen".
Por ello solicita que se anule la resolución, "declarando en su reemplazo que el oficio reservado N° 28 del 13 de marzo de 2026 se enmarcó en las atribuciones que confieren a la autoridad ministerial los artículos 3° (inciso cuarto) y 6° (letra i) de la ley 21.730 y que no ocurrió a su respecto infracción al deber de abstención".
El documento también acusa que el dictamen de la CGR omitió notificar el dictamen a Steinert, pese a que el pronunciamiento formula un reproche directo respecto de su actuación.
La situación ha generado una serie de críticas a la Contraloría. El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, señaló que hace tiempo que ve algunos excesos en el plano de las atribuciones del ente contralor.
"Cuando se va más allá del control de legalidad, que es lo que le corresponde y que hace muy bien por lo demás la Contraloría, y se pasa a opinar respecto del mérito, es decir, de cuáles son las razones que hubo detrás de una decisión política, la verdad es que ahí se pone más complejo el asunto. Y es eso lo que hemos visto en más de una oportunidad en la Contraloría y encuentro que no está en la línea de lo que uno podría decir es ajustado a derecho", criticó el timonel.
En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, apuntó que "lo importante es que cada institución funcione dentro de sus atribuciones. He tenido una reunión con expertos; algunos de ellos han levantado una alerta respecto a lo que la Contraloría está haciendo. Podría salirse o ir más allá de sus atribuciones".
"Es una institución demasiado importante la Contraloría. Uno puede, al mismo tiempo, destacar cuando las cosas se están haciendo bien y opinar cuando uno cree que hay un tema donde hay que profundizar más", sostuvo.
Sin embargo, desde el Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, descartó criticar a la CGR y afirmó ser "respetuosa de la institucionalidad. Nosotros tenemos un trabajo coordinado; claramente con los distintos sectores políticos es legítimo que ellos manifiesten sus posiciones, pero nosotros somos respetuosos de la institución".
En una línea similar, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, apuntó que no va "a opinar respecto a lo que señalan personeros o políticos del oficialismo. Sí quiero reiterar algo que he señalado en muchas ocasiones: cada vez que me tocó compartir con la ministra Steinert en el Comité de Seguridad, vi un trabajo muy profesional y adecuado de ella".
Por otro lado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la situación de Steinert y planteó que la otrora secretaria de Estado "está en sus facultades" para apelar al informe de la CGR.
Asimismo, recalcó que "la Ley 21.732 sí faculta al Ministerio de Seguridad Pública de requerir información reservada, secreta, dependiendo el caso, bajo ciertas normativas. Y ahí está este espacio de discusión que hoy día se abre en esta respuesta".
"Nosotros sí hemos sido muy claros —y yo se lo he manifestado así al Fiscal Nacional y a los cuerpos de policía— que nosotros no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantenemos en nuestro rol de coordinador estratégico", afirmó.
La ofensiva encendió las alarmas en los sectores de oposición en el Congreso, desde donde acusaron un intento por debilitar la institucionalidad fiscalizadora del país.
El diputado socialista Raúl Leiva, quien fuera uno de los parlamentarios que originalmente ofició a la Contraloría por el actuar de Steiner, rechazó tajantemente los cuestionamientos de la derecha y emplazó directamente al Ejecutivo a fijar una postura clara ante el conflicto.
"Entregamos el apoyo al actuar de la Contraloría frente a voces del oficialismo y muy especialmente del Partido Republicano, quienes hoy día critican señalando que excede sus atribuciones. Nosotros no compartimos en caso alguno. Nos parecería relevante y muy importante que el sucesor de la ministra Steinert, el ministro Arrau, y el Gobierno del Presidente Kast también se pronuncie respecto de si apoyan el dictamen de la Contraloría o se adhieren al requerimiento que realiza la exministra y que cuestiona el rol del órgano contralor", manifestó.
