El Gobierno sufrió un nuevo revés legislativo en su agenda de seguridad, luego de que la Cámara Baja rechazara la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas, actualmente fijado en 48 horas.
La iniciativa pretendía extender ese período hasta un plazo de entre cinco y 30 días renovables, con el objetivo de facilitar la materialización de las expulsiones decretadas por la autoridad.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitaba 89 votos para avanzar en su tramitación, pero obtuvo 88, por lo que fue rechazado este martes en la Sala.
Consultado tras la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, señaló: "La información que tengo es que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron".
"Ese trabajo (prelegislativo) se hace rigurosa y minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la Sala, o simplemente cambian su voto. Creo que frente a esos imponderables es muy, muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurar los votos", reflexionó el secretario de Estado.
Cambios de opinión en la Cámara
Durante la sesión, el pariamentario Marcos Ilabaca (PS) argumentó a favor de la iniciativa, pero finalmente decidió abstenerse en su votación.
Situaciones similares registraron Patricio Pinilla (DC) y José Montalva (Ind-PPD), quienes habían manifestado su apoyo al proyecto, pero no votaron.
Pinilla dijo que "fue quizás un poco apresurado expresar una posición antes de terminar todo el debate. También es un aprendizaje en lo personal, porque el proyecto, a medida que sigo reflexionando en torno a él, cada vez siento que no iba en la dirección correcta y que más que resolver los problemas, generaba más dificultades".
"En el devenir de esa discusión estoy abierto a considerar, sobre todo a quienes viven en los territorios. Habían diputados que hablaron de la experiencia que ellos tenían en el norte, que el 96 por ciento de las expulsiones se hacen en esos cinco días y que va a generar que el Estado, en vez de apurar las expulsiones, se iba a demorar más", precisó Montalva.
Permisos ingresaron fuera de plazo
Algunos diputados se encuentran con permiso constitucional para acompañar al Presidente José Antonio Kast durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, los respectivos oficios ingresaron tarde a la Secretaría de la Cámara y, por lo tanto, no permitieron rebajar el quórum requerido para aprobar la reforma.
El diputado republicano Cristián Araya detalló que "faltó un voto, en consideración de que habían varios parlamentarios fuera del país y es una cuestión que afectó las mayorías. Nosotros habíamos ingresado la rebaja de quórum correspondiente, la secretaría general nos indicó que no había llegado en tiempo".
"Yo creo que siempre se puede perfeccionar el trabajo, en particular de la Segpres, esperamos que tenga un trabajo mucho más activo, más involucrado en este tipo de cosas", añadió.
Pese al rechazo, el Gobierno puede solicitar que el proyecto pase inmediatamente al Senado, donde necesitará el respaldo de dos tercios de sus integrantes para continuar su tramitación.
Respecto del contenido de la iniciativa, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, advirtió que mantener el plazo vigente "va a entorpecer la expulsión de migrantes ilegales, y también la correcta extradición de personas".
