Arresto domiciliario nocturno para militar que baleó y dejó grave a conductor que evadió control en toque de queda

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Autor: Cooperativa.cl

El incidente ocurrió la noche del miércoles en Punta Arenas.

El teniente imputado, Jürgen Lamig, disparó siete veces al vehículo del chofer, un joven de 25 años que está fuera de riesgo vital.

Arresto domiciliario nocturno para militar que baleó y dejó grave a conductor que evadió control en toque de queda
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El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y prohibición de acercarse a la víctima para el teniente del Ejército imputado por el baleo a un joven de 25 años que no se detuvo en un control en horario de toque de queda, decretado por la pandemia del Covid-19, en la capital de Magallanes.

El incidente ocurrió en la noche del miércoles en la esquina de los pasajes Padre García Martí y Thomas Bridges, en el Loteo Ovejero, en el norte de la ciudad austral.

La versión que entregó a Carabineros el oficial, identificado como Jürgen Lamig Prieto, es que el muchacho, que circulaba por el lugar a bordo de un automóvil, evadió un control, intentando atropellar a los integrantes de la patrulla militar que estaba a su cargo.

Ante esto, Lamig hizo uso de la pistola fiscal: percutó siete tiros contra el vehículo, impactando al joven, que actualmente se encuentra en la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Clínica de Magallanes, con heridas graves pero fuera de riesgo vital.

Esta jornada, el teniente fue formalizado por el delito de lesiones graves.

"En la audiencia se debatió por parte de la defensa que el funcionario militar habría actuado en legítima defensa, sin embargo, esta alegación fue desechada por el tribunal, estimando que no hubo en este caso una agresión ilegitima que defender por parte del funcionario militar y, por el contrario, habría actuado con violencia excesiva e innecesaria", señaló tras la instancia la fiscal Wendolin Acuña. 

La defensa, en tanto, no descarta apelar el fallo, informó Verónica Reyes, abogada de la Defensoría Penal Pública.

El tribunal decretó 120 días para la investigación. 

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