Alcalde de Huara "acarreó" a alumnos para que votaran por él, acusa la Fiscalía

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

José Bartolo (independiente-UDI) fue formalizado por acciones ilegales que realizó en 2016 para resultar electo, cuando era un profesor universitario.

El Ministerio Público imputó también a un ex candidato a concejal, que hizo lo propio con sus vecinos de Iquique.

Alcalde de Huara
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La autoridad es acusada de incitar, promover, solicitar u organizar a los electores para que modificaran fraudulentamente su domicilio electoral.

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Con arraigo nacional quedaron este miércoles el actual alcalde de Huara, José Bartolo Vinaya (independiente pro UDI) y el ex candidato a concejal por la misma comuna Esteban Araya Fortes.

Ambos fueron formalizados por el delito de "incitar, promover, solicitar u organizar a los electores para que modifiquen su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos"; la práctica más conocido como "acarreo de votantes".

Según expuso en la audiencia de formalización la fiscal Priscilla Silva, los hechos ocurrieron el año 2016, cuando ambos imputados se presentaron como candidatos en las elecciones municipales que se realizaro el 23 de octubre de ese mismo año.

La Fiscalía indicó que, previo a los comicios y con el objetivo de asegurar su elección en los cargos a los que postulaban, los imputados incitaron, solicitaron y organizaron a personas que conocían para que cambiaran su domicilio electoral a Huara, pese a que no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley Electoral en lo que se refiere al domicilio personal y laboral que los votantes realmente tenían, en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, y no a Huara.

Estudiantes y vecinos

De acuerdo al relato de la Fiscalía, el alcalde Bartolo, aprovechando su calidad de profesor de la carrera de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás sede Iquique, solicitó a sus alumnos que se cambiaran de domicilio electoral a Huara, logrando que varios de ellos concurrieran a votar electivamente por él en la elección de octubre.

Por su parte, el imputado Esteban Araya, quien vivía en la población Jorge Inostroza de Iquique, también le solicitó a sus vecinos que cambiaran su dirección electoral, entregándoles una dirección en Huara para que pidieran el cambio, e incluso, proporcionándoles medio de transporte para que fueran a votar el día de las elecciones.

INVESTIGACIÓN CONTRAS LAS AUTORIDADES

La fiscal Silva recalcó que "el domicilio electoral que establece la ley es aquel con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, ya sea porque reside habitual o temporalmente en él, ejerce su profesión u oficio, o desarrolla sus estudios en él, presupuestos que no se cumplían en el caso de los electores a quienes los imputados solicitaron efectuar los cambios".

La Fiscalía, junto al abogado del diputado Hugo Gutiérrez (PC), parte querellante que dio origen a la indagatoria, dio cuenta en la audiencia de las diligencias realizadas con la Policía de Investigaciones a la fecha, como la toma de declaraciones de los electores involucrados en los hechos.

"En un parte que hicieron los propios militares detuvieron a un hombre ebrio votando, lo sacan del local, y él les exhibe un papel que le habían dado para votar, que llevaba el nombre del candidato a alcalde, y les dice que le habían pagado por ir a votar por esos dos. Después Carbabineros detuvo un bus que venía de iquique, donde al interrogar al conductor dice que acarreaba a todas esas personas a votar por Bartolo", detalló el parlamentario comunista.

DEFENSA DEL ALCALDE ACUSA OBJETIVOS POLÍTICOS

Por su parte, el abogado del alcalde Bartolo, Jorge Bofill, fustigó la decisión del Ministerio Público.

"No he visto nunca, en 20 años trabajando en el sistema, que una investigación esté paralizada por tres años y sin que pase nada entremedio el fiscal vaya y pida formalizarla; es una situación muy inusual. Hay una querella de Hugo Gutiérrez quien públicamente apoya a quien perdió la elección con José Bartolo, don Carlos Silva; no tengo ninguna duda que él no va detrás de justicia sino que sus propósitos son absolutamente políticos", sostuvo.

Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional para los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días.

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