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Ley de aborto: Preocupación de diputadas por retraso en reglamento de objeción de conciencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Llegaron hasta el Ministerio de Salud solicitando saber cuántas mujeres han dejado de recibir la prestación por la ausencia del documento.

"Hay una ley tan relevante que no está siendo garantizada por las autoridades", acusó Camila Maturana, de Corporación Humanas.

Ley de aborto: Preocupación de diputadas por retraso en reglamento de objeción de conciencia
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El reglamento aún no es presentado por el ministro de Salud, Emilio Santelices.

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Un grupo de diputadas de oposición llegó este viernes hasta el Ministerio de Salud para entregar un oficio en que requieren de la autoridad saber  cómo se está aplicando la ley de aborto en tres causales y cuántas mujeres han dejado de recibir la prestación por la ausencia del reglamento que regulará la objeción de conciencia.

Este documento aún no es presentado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, luego que la Contraloría General de la República estableciera que los establecimientos privados que reciben recursos públicos no pueden invocar la objeción de conciencia.

Santelices fue el responsable del reglamento que establece limitaciones a la ley aprobada durante el Gobierno de Michelle Bachelet, lo que llevó a interponerse una acusación constitucional en su contra y cuyo mérito es analizado en una comisión en la Cámara de Diputados.

Las diputadas Gael Yeomans (IL), Marisela Santibañez (PRO), Camila Vallejo (PC) y Karol Cariola (PC), firmantes de la acusación constitucional, llegaron al Minsal a realizar el emplazamiento por el retraso del reglamento, sobre lo cual Cariola justificó que "hemos ingresado esta solicitud para fiscalizar los actos de Gobierno".

"Que nos permitan saber exactamente cuántas son las mujeres que no han podido realizar su prestación, cuántas clínicas hoy se han declarado objetoras de conciencia sin tener claridad de cuántas de ellas siguen recibiendo recursos por el DFL 36", remarcó la ex dirigenta estudiantil.

"Mientras exista el vacío, las clínicas con el DFL 36 van a seguir recibiendo recursos del Estado sin cumplir la prestación de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y eso nos parece grave", aseveró la diputada comunista.

"Los derechos no están siendo garantizados"

La abogada de la Corporación Humanas y vocera de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Camila Maturana, quien acompañó a las diputadas, planteó que la ausencia del reglamento no permite garantizar los derechos ya reconocidos por ley.

Maturana aseguró que "esta ley establece un piso mínimo de derechos reconocidos a las mujeres y las niñas en el país, pero vemos que estos derechos no están siendo garantizados".

"Hay una preocupación muy grande de parte de las parlamentarias comprometidas con los derechos de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y feministas, porque hay una ley tan relevante, como la ley de aborto en tres causales, que no está siendo garantizada por las autoridades", sentenció.

Santelices: Estamos atendiendo a las pacientes

No obstante, el ministro Santelices ha planteado que la falta de reglamento no impide el ejercicio de los derechos que tienen las mujeres en materia de aborto.

"El sistema ha operado siempre, no olvidemos que esta ley se promulgó en septiembre del año pasado y salió un primer protocolo en febrero de este año, de tal manera que lo que damos certeza es que hoy día se están atendiendo los pacientes", comentó.

"Estamos trabajando de manera muy colaborativa con las sociedades, con el Colegio de Matronas, capacitando a la gente y entregando absolutas garantías a la población que requiere hacer uso de los derechos que le confiere la ley de poderse atender adecuadamente, de tal forma que no hay ninguna situación que ponga en vulnerabilidad a las mujeres en ese sentido", añadió.

El ministro Santelices, cuando ha sido consultado por el nuevo reglamento, ha evitado dar una fecha concreta de entrega pues, según ha dicho, el único que tiene claro hasta ahora es el del próximo martes que es para responder la acusación constitucional.

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