Del total de estas intervenciones que se realizaron en el sector público, 50 corresponden a la causal de riesgo de vida de la madre, 35 por inviabilidad fetal, y 26 por violación.
El Ministerio de Salud (Minsal) reveló este domingo que en los seis meses de vigencia de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales se han reportado 123 casos en que se ha invocado esta normativa, concretándose los respectivos abortos en 111 de ellos.
Según publicó La Tercera, los datos preliminares muestran que del total de estas intervenciones que se realizaron en el sector público, 50 corresponden a la primera causal de riesgo de vida de la madre, 35 a la segunda, inviabilidad fetal, y 26 a la tercera, que es violación.
En tanto, para los 12 casos de mujeres que invocaron la ley pero decidieron continuar con su embarazo, tres de ellas lo habían hecho bajo la causal de riesgo de vida, ocho porque el feto no tenía posibilidad de sobrevivir y una por agresión sexual.
La Ley 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, fue promulgada el 23 de septiembre de 2017 y el protocolo para llevar a cabo su implementación se aprobó en febrero pasado.
Estos seis meses transcurridos no han estado exentos de complejidades. La primera ocurrió en octubre de 2017, cuando el Hospital de Castro rechazó interrumpir el embarazo a una menor violada al desconocer el procedimiento a seguir. La joven tuvo que ser trasladada a Santiago para realizar la intervención.
Eso generó que desde el Minsal se instruyera a todos los servicios de salud la aplicación de la normativa, como indicaba el marco jurídico, pese a que aún la cartera trabajaba en la elaboración de las normas y reglamentos que permitirían estandarizar dicha aplicación.
Posteriormente, en marzo, y a dos semanas de asumir la actual administración, el gobierno decidió modificar el Protocolo de Objeción de Conciencia, eliminando la exigencia que indica que las clínicas que mantuvieran convenios con el Estado en prestaciones obstétricas y ginecológicas no podrían hacer objeción institucional, lo que ha desencadenado una serie de críticas.
