La Asociación de Isapres volvió a alertar del riesgo de quiebra de algunas entidades privadas si no resuelve pronto la ley corta, que busca viabilizar la aplicación del fallo de la Corte Suprema por las tablas de factores pero también, según el estado actual del proyecto, contiene un mecanismo de "mutualización" que reduce los montos que deberían restituir a sus afiliados.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó este lunes el debate de la iniciativa, en segundo trámite constitucional, instancia en que el presidente del gremio privado, Gonzalo Arriagada, urgió a resolver pronto el asunto.
"Si no se resuelve el tema de la ley corta ahora, es poco probable que las compañías puedan sobrevivir durante un tiempo muy extenso. En el invierno, si no tenemos una ley corta, operativa y funcionando, podríamos tener isapres que pudieran no cumplir indicadores e ir quebrando", afirmó Arriagada.
El líder gremial reafirmó que "los fallos de la Corte Suprema han puesto en riesgo el equilibrio, y consecuentemente, el aseguramiento de nuestros afiliados. Y entendemos que una buena ley va a permitir que se cumplan los fallos, y reponer el equilibrio financiero".
En ese sentido, también planteó que al sector privado no le favorecería una eventual solicitud de nueva prórroga para la implementación del "Supremazo", cuyo plazo que vence en mayo, en caso de que la ley no alcanzara a ser despachada en esa fecha.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri, llamó a "calmar las aguas".
"No hay problema, tenemos un cronograma que (garantiza que) vamos a llegar a tiempo, esto está conversado con el Ejecutivo, está conversado acá en la Secretaría de la Cámara, así que en ese sentido, tranquilidad, los tiempos sí nos dan", aseguró.
Además, la diputada de Acción Humanista emplazó a las entidades privadas, pues "también hay que considerar que muchas veces estas isapres pertenecen a holdings que también les deben a las propias isapres".
MUTUALIZACIÓN, "SOLIDARIDAD HACIA LA ISAPRE"
La ley corta, que también apunta a fortalecer el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), es una iniciativa del Gobierno. Pero casi al finalizar el primer trámite en el Senado, y con votos de la derecha, se modificó la fórmula de cálculo de la Superintendencia de Salud respecto de los cerca de mil millones de dólares que las aseguradoras deberían devolver a sus afiliados, y se incorporó la "mutualización", que reduce el monto prácticamente a la mitad; punto que el oficialismo llevó al Tribunal Constitucional.
En el debate de hoy, la diputada Helia Molina (PPD), médico pediatra de profesión, cuestionó que la derecha éste dispuesta a implementar una suerte de "solidaridad" para con las entidades privadas, mas no en otros ámbitos, como el sistema de pensiones.
"Sí me llama la atención que cuando nosotros proponemos fondos solidarios para la reforma previsional y para otras políticas, siempre encontramos negativas. Yo siempre he tratado de que haya solidaridad en los sistemas, y un poco la mutualización es como eso, pero es una solidaridad hacia la isapre, no es para los enfermos", reprochó la otrora ministra.
Por su parte, el UDI Daniel Lilayu, también médico de profesión, defendió la medida planteando que, por ejemplo, en Osorno, Región de Los Lagos, la gente que se dialisas "prácticamente depende" de prestadores privados.
"Se tienen que mover de un sector rural para ir a dializarse a otra parte. Si quiebran los prestadores de diálisis, la verdad, ahí va a haber una mortalidad enorme de gente. Y en este momento, prestadores de diálisis privado, la verdad que están baleándose", sostuvo el diputado gremialista.
También participó en la comisión el presidente de la Asociación de Clínicas A.G, Javier Fuenzalida, quien puntualizó que sólo los servicios de Salud deben 58.000 millones de pesos a los establecimientos privados por prestaciones de los últimos cuatro años; cifra nominal que a día hoy, por efecto de la inflación, ya perdió el 30% de su valor. La situación ha paralizado las inversiones y el gremio proyecta una crisis dentro de tres o cuatro años.
A juicio del dirigente, la situación "va a redundar finalmente en que, en tres o cuatro años más, tengamos problemas objetivos de salud, porque todas las inversiones de salud se hacen en el largo plazo".
Fuenzalida planteó que "colocar un PET (tomografía de emisión de positrones), por ejemplo, a propósito del cáncer, que es un tema tan sensible cuando hay 40 mil personas que hoy no están diagnosticadas, va a ser una problemática de salud mayor, incluso que la propia pandemia".
Al monto mencionado se suman a los 563.311 millones de pesos que, según cálculo a septiembre del 2023, debían las isapres a las clínicas.
EXPOSICIÓN DE ISAPRES MOLESTA A DIRECTOR DE FONASA
Otro planteamiento de la Asociación de Isapres, relativo a que supuestamente sus afiliados han estado "subsidiando" al sector público, irritó al director nacional del Fonasa, Camilo Cid.
Arriagada expuso que "el 60% del financiamiento de la atención privada que se logra con el 40% de los subpacientes, supone que existe, de alguna manera y a través de precios diferenciados entre isapre y Fonasa, algún grado de subsidio desde los pacientes de isapre hacia los pacientes de Fonasa".
"El único subsidio histórico que ha existido, cruzado en el sistema, que está comprobado y demostrado por innumerables investigaciones en Chile, ha sido el subsidio implícito que Fonasa ha otorgado a las isapres durante muchos años, y que ha venido dado porque las personas cuando enferman son expulsadas del sistema (privado) sin tener otra opción que ir al Fonasa", replicó inmediatamente Cid.
El director del fondo público aludió así a las polémica declaraciones que formuló en 2019 el entonces presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, sobre que las aseguradoras privadas no pueden "darse el lujo" de recibir "gente enferma".
