El líder de la CAM debe permanecer recluido en la cárcel de Concepción a la espera de que inicie el juicio oral en su contra.
Arriesga 25 años por incitación y apología a la violencia, una presunta vinculación con el robo de madera, atentado contra la autoridad y usurpación.
Daniel Queupul fue autorizado para estar dos días fuera del Centro de Estudio y Trabajo de Victoria.
Debía retornar el 18, pero ello aún no ha ocurrido.
El comunero mapuche es requerido para terminar de cumplir una pena de nueve años por un atentado que cometió en 2013 en Río Bueno.
Su defensa quiere revertir la luz verde que concedió para ello un juez de Bariloche, y acusa que sufrió "discriminación y maltrato" en nuestro país.
Cuatro extorsionadores instalaron banderas en su fundo, lo intimidaron y amenazaron con una supuesta recuperación de territorio ancestral.
Luego de ser detenidos y formalizados, todos quedaron tras las rejas.
Grupos mapuche williche de Los Lagos apuntan a Startkraft, en la zona del río Pilmaiken.
José Montalva respondió a las críticas de personeros de la zona, que han pedido claridad sobre las condiciones que llevaron a los presos mapuche a deponer la medida tras 100 días.
"Es inaceptable que no se sepa", fustigó en la víspera el gobernador Luciano Rivas.
Lo decidieron tras las últimas conversaciones con Gendarmería.
Los senadores, que aprobaron la iniciativa de forma unánime, reconocieron que con este avance se está, en parte, "reparando una deuda histórica".
Los hechos se registraron en la comunidad indígena Triftrifco.
El máximo tribunal determinó que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio actuó en forma ilegal al no realizar consulta indígena previa.
Desestimó sus argumentos sobre la existencia de "otras instancias de participación" y "no afectación directa" a pueblos originarios.
El líder mapuche argentino está condenado en Chile por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.
"Soy combativo y revolucionario, y no me arrepiento. Estoy orgulloso de serlo", dijo Jonas Huala en el juicio.
La limitación de compra de ciertos terrenos ha generado "tensión de las comunidades en su relación con el Estado".
Aquello ha superado las capacidades de la Conadi, generando "insatisfacción en las comunidades por la lentitud de los procesos y la falta de soluciones eficaces".
