En una compleja posición judicial y políticaquedó el senador Miguel Ángel Calisto (ex DC, ex Demócratas, hoy independiente, elegido en 2025 en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social dentro del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas), luego de que salieran a la luz las declaraciones de sus dos principales coimputados en la investigación por fraude al Fisco reiterado que lidera la Fiscalía Regional de Aysén.
Las confesiones —a las que accedió La Tercera— apuntan directamente al congresista como el orquestador de un mecanismo de desvío de recursos públicos y de un entramado de falsas corporaciones para financiar sus actividades personales y campañas políticas.
El fiscal regional Hernán Libedinsky ya presentó la acusación formal en contra del legislador, solicitando una pena de 12 años de presidio.
El caso, iniciado en 2022, sumó antecedentes categóricos tras las últimas comparecencias de Carla Graf y de su esposo, Roland Cárcamo —exasesor y hombre de confianza de Calisto—, quienes admitieron ante el Ministerio Público que los contratos visados por el Parlamento eran una fachada.
"Mi contratación solo fue de pantalla"
La declaración prestada por Graf ante el fiscal Luis Carrasco desarmó la tesis de la defensa del parlamentario, que ha intentado desvincularlo de las irregularidades administrativas.
La mujer reconoció que fue contratada en 2018 cuando Calisto asumió como diputado, pero aclaró que jamás redactó un informe ni prestó servicios reales.
"En el año 2018, Miguel Ángel Calisto fue elegido diputado. En ese año fui contratada como asesora, pero mi contratación solo fue de pantalla, yo era solamente un palo blanco", sinceró la imputada.
"Los informes de actividades que se acompañaban a las boletas de honorarios que yo enviaba mensualmente al Congreso no fueron firmados ni escritos por mí. Yo no cumplía ninguna labor efectiva para Miguel Ángel Calisto. Esos informes se llenaban con actividades 'tipo'. Hacíamos 'calzar' la agenda del diputado Calisto y se escribían frases relacionadas con esas actividades, pero en concreto las obligaciones que estaban escritas en los contratos como realizar estudios referidos a materias demográficas o socioeconómicas (...) todo eso es falso", admitió.
De acuerdo con su testimonio, las boletas eran confeccionadas por su marido, por la secretaria de Calisto o por el propio parlamentario.
"Los montos que me pagaban dependían de la disponibilidad de fondos del Congreso. Todo lo recaudado hacía un fondo que se destinaba a gastos políticos, pero todo eso lo veía mi marido Roland Cárcamo con Miguel Ángel Calisto. Lo que se juntaba, formaba parte de una especie de caja para hacer pagos", complementó, denunciando además haber sido presionada por el legislador para firmar documentos que la hacían aparecer como copropietaria de una parcela que en realidad pertenecía al senador.
El rol de "recaudador" y la arista de las fundaciones
Por su parte, Roland Cárcamo prestó una extensa declaración en la ciudad de Osorno que terminó por abrir nuevas aristas investigativas por presunto cohecho y tráfico de influencias.
Admitió que su rol consistía fundamentalmente en actuar como un operador financiero para captar dineros estatales destinados a mitigar los permanentes problemas económicos del parlamentario.
"Las asesorías descritas en las obligaciones contractuales no las cumplió Carla Graf ni yo, ni tampoco alguna otra persona. Todo esto tiene que ver con que Miguel Ángel Calisto siempre ha tenido problemas con la plata, él siempre buscaba toda forma de obtener recursos de parte del Estado y además tener alguna forma de control con las personas que trabajan con él (...) La tarea que yo cumplía para Calisto era una labor de recaudador de fondos. Carla Graf era solo una forma de obtener recursos y lo que se juntaba formaba parte de lo que podríamos llamar una caja pagadora", testificó Cárcamo.
Según el desglose del imputado, el "70% era para gastos del diputado y 30% eran para gastos de gestión política" bajo una lógica de "clientelismo".
Asimismo, delató que la estructura utilizó a la "Fundación Proyecto Futuro" —que operaba en la propia casa de la madre de Calisto— para recibir asignaciones directas de embajadas extranjeras y entidades internacionales (como aportes de Taiwán e Israel para tablets y calefactores), cuyos saldos terminaban financiando fines particulares del congresista y de otros políticos, como la diputada Johanna Pérez (Demócratas).
"También hay un depósito en dólares de una Fundación de Miami, de nombre Oscar Amuz Fundación, que llegó en el año 2023 aproximadamente a la cuenta de la Fundación Proyecto Futuro. Ese dinero era como de 10.000 dólares, que era para ayuda social post pandemia. Pero todo fue para Calisto y también recibió una cantidad la diputada Johana Pérez", sostuvo.
Supuestas presiones al Poder Judicial y nexos con el exfiscal Palma
La declaración de Cárcamo escaló a esferas judiciales al asegurar que el senador utilizaba información confidencial recopilada en la Comisión de Constitución de la Cámara para "presionar a funcionarios del Poder Judicial" y "obtener fallos a su favor o de personas relacionadas (con él) como (el exsenador) Patricio Walker", quien rechazó tajantemente los dichos catalogándolos como "completamente falsos".
El imputado mencionó también un presunto pago de 14 millones de pesos en efectivo al exfiscal Carlos Palma en 2024 para sepultar una causa en su contra por conducción en estado de ebriedad y la propia indagatoria por fraude al Fisco.
Pese a que el abogado defensor del senador, César Ramos, ha desestimado las declaraciones bajo el argumento de que Cárcamo busca beneficios procesales para terminar con su prisión preventiva, el Ministerio Público ha continuado otorgándole plena credibilidad al cúmulo de documentos y transacciones presentados por los denunciantes para sustentar la acusación penal.
