El Ministerio Público imputó al parlamentario independiente y a otras siete personas por delitos reiterados.
La indagatoria apunta a presuntas asesorías parlamentarias falsas que habrían causado un perjuicio superior a 100 millones de pesos al Congreso.
La Fiscalía presentó una acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto y otras siete personas en el marco de una investigación por fraude al Fisco y fraude de subvenciones, ambos en carácter reiterado.
El Ministerio Público acusó al parlamentario independiente -quien integra la bancada de Evópoli- por hechos ocurridos entre 2018 y 2022, cuando ejercía como diputado, y que habrían generado una defraudación de 103.664.697 pesos en perjuicio del Congreso Nacional.
La indagatoria fue desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique junto a la Policía de Investigaciones, y apunta a un presunto mecanismo mediante el cual Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos a través de asesorías parlamentarias que, de acuerdo con la acusación, no habrían sido efectivamente realizadas.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que los antecedentes reunidos dan cuenta de un "esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios".
De acuerdo con la Fiscalía, Graf Toledo no habría realizado asesorías parlamentarias reales para Calisto, sino que sus contratos habrían funcionado como un mecanismo para obtener irregularmente fondos fiscales. Posteriormente, parte de esos recursos -pagados por el Congreso bajo la modalidad de honorarios- habrían sido transferidos al entonces diputado y a Cárcamo Catalán.
"En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora", afirmó el persecutor.
El Ministerio Público sostuvo que, respecto de los principales imputados, los delitos acusados tienen asignadas penas de crimen, debido al monto defraudado y al carácter reiterado de los ilícitos.
En el caso del senador Calisto, la Fiscalía solicitará una pena de 12 años de cárcel. La investigación comenzó antes de que el exdiputado asumiera su escaño en el Senado, el pasado 11 de marzo.
