Subcontratistas protestaron durante una actividad del ministro Iván Poduje en Penco para exigir una salida por las deudas que dejó la constructora.
El conflicto involucra a 55 pymes, varias de las cuales denuncian embargos y procesos de liquidación por los montos impagos.
Un grupo de subcontratistas de la empresa Tapusa protestó este viernes durante una actividad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en Penco, acusando al Gobierno de retroceder en el acuerdo para enfrentar las deudas que dejó la constructora tras abandonar distintas obras.
El conflicto involucra a 55 pequeñas y medianas empresas, varias de las cuales han denunciado embargos y procesos de liquidación a raíz de los montos impagos.
Tapusa dejó inconclusos distintos proyectos en el país, entre ellos cuatro obras en la Región del Biobío, lo que abrió una disputa respecto de quién debe responder por las obligaciones pendientes con proveedores y subcontratistas.
El ministro Poduje sostuvo que "con los subcontratos no tenemos una responsabilidad, pero en vista de la situación urgente que hay, llegamos a un acuerdo: ellos tienen que demandar al Serviu y tenemos que llegar a una solución conciliatoria donde podamos pagar una parte".
El secretario de Estado explicó que el ministerio no puede garantizar directamente esos pagos porque, según señaló, podría contravenir la ley y exponerse a reparos de Contraloría."La única opción que tenemos para pagarle a esos subcontratos es que ellos nos demanden", expuso.
Poduje agregó que "en el caso de los subcontratos que tienen factorizadas sus facturas, no tenemos nada que hacer"
En contraste, Fernanda Rivera, integrante del equipo jurídico que representa a las pymes afectadas, sostuvo que en mayo existió la posibilidad de alcanzar una conciliación, pero aseguró que posteriormente el Serviu cambió su postura.
"Él nos ofreció el pago en el llamado obligatorio de conciliación, que es una de las instancias esenciales de un procedimiento civil. Sin perjuicio de eso, después sus funcionarios públicos, en específico la unidad jurídica del Serviu, se desdijo de sus dichos y dijo que no era posible", afirmó.
Rivera agregó que recibieron el oficio 1022, del 18 de junio, que a su juicio no entregó una solución al conflicto. "Así las cosas, la verdad es que vamos a tener que enfrascarnos en un juicio que va a durar cinco o seis años", advirtió.
