Nueve reclusos autodenominados "presos anarquistas" que actualmente cumplen penas o prisiones preventivas por delitos de carácter terrorista, colocación de artefactos explosivos, infracción a la Ley de Armas, entre otros ilícitos, anunciaron este lunes que comenzarían una huelga líquida ese mismo día desde medianoche.
En una declaración pública referida por El Mercurio, los integrantes del grupo, que se consideran "prisioneros de la guerra social", reclaman la derogación del artículo 9 y la reposición del artículo 1 del decreto ley N° 321 que rige las libertades condicionales, para que "vuelvan a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un beneficio, como hoy".
Esta modificación de la norma es cuestionada por ellos en razón de que "endurece de forma considerable la posibilidad" de salir de la cárcel con condiciones, pero también exigen "el fin de la prisión preventiva como herramienta punitiva contra quienes se encuentran imputados por acciones en el contexto de revuelta permanente".
Las demandas de los reos fueron desestimadas por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien este martes reflexionó que "parece recurrente esto de que personas que quieren ser impunes respecto de los delitos que han cometido, se denominen como presos políticos", aludiendo a la criticada entrevista al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán.
Los participantes
Los huelguistas están repartidos en varias prisiones: en la Cárcel de Alta Seguridad está Marcelo Villarroel, condenado por robo, asociación ilícita terrorista y homicidio calificado terrorista por la muerte del cabo Luis Moyano en 2007; allí también está recluido Juan Flores, condenado por el atentado explosivo de 2014 en el Subcentro del Metro Escuela Militar, y Joaquín García, condenado por la colocación de bombas en la 12° Comisaría de San Miguel y en la Escuela de Gendarmería.
En el mismo recinto, aunque en prisión preventiva, se encuentra Francisco Solar, imputado por los paquetes bomba enviados a la 54° Comisaría de Huechuraba y a la oficina de Rodrigo Hinzpeter en julio de 2019, así como por la instalación de explosivos en el edificio Tánica de Vitacura, en febrero de 2020.
Otros reos están en Santiago Uno tras ser formalizados por delitos posteriores a la crisis social: entre ellos están José Ignacio Durán, imputado por ataques a la Subcomisaría de Peñalolén; Tomás González, imputado por delitos contra la Ley de Control de Armas; Gonzalo Farías, acusado de lanzar una bomba molotov contra Carabineros, y finalmente Pablo Bahamondes, acusado de instalar un explosivo en la Corporación de Asistencia Judicial de Melipilla.
En tanto, en el centro penitenciado femenino de San Miguel se encuentra Mónica Caballero, imputada junto con Francisco Solar por las bombas instaladas en el edificio Tánica.
A ese dúo hizo referencia Galli al criticar la huelga: "Mónica Caballero y Francisco Solar están presos por colocar bombas. Detrás de una bomba no hay ideas políticas, detrás de una bomba hay la intención de causar daño, de matar".
Respecto del resto de los manifestantes, el subsecretario insistió que "están recluidos por colocación de artefactos explosivos, por cometer los delitos más graves que puede uno cometer en nuestra sociedad, no por sus ideas políticas, cualquiera que estas sean".
