La bullada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano y el Nacional Libertario, sigue tensionando las relaciones entre el Gobierno y la oposición en la Cámara Baja.
Mientras sectores de derecha avanzan en la redacción del libelo, desde la izquierda se levanta una alerta sobre los verdaderos motivos de esta acción, sugiriendo que se trata de una maniobra distractora frente a los cambios estructurales que se debaten en el Congreso.
Los cargos principales que sustentan este juicio político apuntan a una supuesta vulneración de los deberes de probidad y transparencia, así como a deficiencias en la gestión de los recursos fiscales durante su permanencia en el cargo.
El conflicto se agudiza por el momento en que se presenta la acusación, coincidiendo con la tramitación de la megarreforma del Gobierno, que -se advierte- cuenta con una mayoría muy ajustada.
En este contexto, el subjefe de la bancada del PPD e independientes, Héctor Ulloa, advirtió que "resulta incomprensible que mientras el Gobierno habla de unidad y de diálogo para sacar adelante su mega reforma, los partidos Republicano y Nacional Libertario anuncien una acusación constitucional".
"¿Esto es acaso una 'cortina de humo' para desviar la atención de una megarreforma que busca beneficiar a los más ricos? Como bancada PPD e independientes, no estamos por apoyar una acusación constitucional que nos genera muchas dudas y que ni siquiera convence al mismo oficialismo", puntualizó el parlamentario.
Diferencias en Chile Vamos
Por otro lado, la división también se hace evidente en Chile Vamos. A pesar de que algunos diputados han decidido sumarse al patrocinio del texto de forma individual, la bancada de Renovación Nacional optó por dar libertad de acción, subrayando que la falta de una gestión técnica impecable no necesariamente equivale a un delito constitucional.
"Lo que hay que analizar con seriedad es si una mala gestión técnica se podría calificar o si constituye una infracción a la Constitución. Hay que ver si existió ocultamiento deliberado, si existió engaño o algún interés particular sobre el interés general o superior. En el fondo, si existió dolo o no", explicó la diputada RN Ximena Ossandón.
