Convención: Piden a Contraloría investigar eventuales irregularidades en contrato Segpres-productora

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Autor: Cooperativa.cl

Bancada de diputados DC solicitó indagar un presunto trato directo por 450 millones de pesos para llevar a cabo la histórica sesión inaugural del pasado domingo.

"Nos extraña profundamente que sea esta la modalidad con la que se ha adoptado administrativamente la instalación", dijo Gabriel Silber.

Convención: Piden a Contraloría investigar eventuales irregularidades en contrato Segpres-productora
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La bancada de diputadas y diputados de la Democracia Cristiana (DC) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría por eventuales irregularidades en el contrato para la producción de la sesión inaugural de la Convención Constitucional del domingo.

En concreto, los parlamentarios de la Falange denuncian un presunto trato directo entre la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la convención, y la empresa Street Machine Corp., por un total de 450 millones de pesos.

Al respecto, el subjefe de la bancada de la DC, Gabriel Silber, explicó que "el Congreso Nacional aprobó en octubre del año pasado un presupuesto hasta el 31 de diciembre - vale decir, por siete meses- de 6.500 millones de pesos respecto de su funcionamiento y, a mayor abundamiento, en el mes de enero de este año, vía decreto, se crea la secretaría técnica para implementar, desde el punto de vista administrativo, por parte del ministerio respectivo, un proceso que debió ser impecable; lo que no ocurrió, generando una situación inaceptable, que ha impedido a los constituyentes poder cumplir con su mandato ".

"Salta a la vista, más allá del hecho de falta de micrófono o amplificación, que gran parte de la gestión administrativa, de un proceso que involucra cifras relevantes para su implementación, se haga con la modalidad de trato directo. Esta modalidad se usa en imprevistos, situaciones que era imposible someter a una planificación de mejores precios o mejores oferentes y nos extraña profundamente que sea esta la modalidad con la que se ha adoptado administrativamente la instalación de esta convención", reclamó el congresista demócrata cristiano. 

"Aquí, además de esta acción fiscalizadora, estamos pidiendo que el Gobierno responda públicamente, porque se ha puesto en riesgo una labor esencial como es la que debe llevar a cabo la Convención Constitucional; y la ley es clara: la responsabilidad es del Gobierno", enfatizó. 

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