Representante legal de la empresa Línea Azul fue enviado a prisión preventiva

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Autor: Cooperativa.cl

Marcelo Hernández fue formalizado por el accidente de bus que dejó seis fallecidos en Mostazal.

La Fiscalía le imputó cinco delitos, incluido el homicidio bajo la figura de dolo eventual.

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Representante legal de la empresa Línea Azul fue enviado a prisión preventiva
Llévatelo:

El Juzgado de Garantía de Graneros ordenó este viernes la prisión preventiva –por 198 días- de Marcelo Hernández, gerente y representante legal de la empresa Línea Azul, uno de cuyos buses se accidentó la madrugada del lunes en la Ruta 5 Sur, a la altura de Mostazal, dejando un saldo de seis personas fallecidas y 41 heridas.

La Fiscalía formalizó a Hernández por cinco delitos, incluido el homicidio bajo la figura del dolo eventual, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves y también permitir la circulación del vehículo con patente adulterada.

El tribunal además accedió a la solicitud del fiscal regional (s) Javier von Bischoffshausen de incautar 19 buses y vehículos particulares a nombre de Hernández, entre ellos algunas máquinas pertenecientes a la empresa.

El persecutor precisó que esto implica que "se oficia al Registro Civil y no pueden celebrarse actos ni contratos sobre los mismos", es decir, que durante la investigación no podrán venderse ni transferirse.

Asimismo, la Fiscalía presentó un escrito "para solicitar medidas cautelares reales, en protección precisamente de las potenciales demandas de indemnización de perjuicios que puedan interponer las víctimas".

"En virtud de ello y para asegurar el sentido de esto es que el día de hoy solicitamos la incautación de todos los buses y vehículos particulares que se encuentran a nombre del imputado", dijo el persecutor.

En tanto, el abogado de Hernández, Juan Carlos Manríquez, no descartó apelar la prisión preventiva en otro tribunal, pues consideró que "se podría haber balanceado con algo distinto, por ejemplo, un arresto domiciliario total".

En referencia a la acusación del jefe de taller de Línea Azul, Daniel Guajardo, de que el representante legal dio la orden de cambiar las patentes, su defensor enfatizó que "una persona lo asegura, una persona lo dice, y eso es solo una persona. Y en mi experiencia, los co-imputados suelen tratar de plantear este tipo de declaraciones al inicio".

"Como dijo el magistrado, en una estructura preliminar, no necesariamente por ser el dueño, gerente o accionista uno debe responder del todo y saber todo. No todo es cuestión de todos", sostuvo.

Además, Manríquez dijo que la defensa no se opuso a la incautación de los vehículos y se abrió a eventuales compensaciones a las familias afectadas.

"La incautación no sufrió oposición por parte nuestra, lo que nos interesa es que la Fiscalía trabaje tranquila, las víctimas y los deudos también tengan la tranquilidad que en su minuto, cuando ello sea procedente, se va a trabajar en posibles fondos de reparación o restauración. Si la incautación ayuda a eso, bienvenido sea", comentó.

Dentro de la misma audiencia se presentaron antecedentes desconocidos respecto a peritajes de la SIAT de Carabineros, que determinaron que tres de los cinturones de seguridad los asientos de la parte superior del segundo piso de la máquina se encontraban en mal estado, y el vehículo circulaba con el GPS apagado, al igual que la barra que informa a los pasajeros sobre la velocidad.

Respecto al GPS, el fiscal aseguró que fue desconectado "intencionalmente", pues se determinó que había sido "cortado y luego enhuinchado para que luego no surtiera efecto". De esta forma, no hay posibilidad de periciar a qué velocidad circulaba la máquina al momento del accidente.

Hernández fue detenido anoche en la Sexta Comisaría de Chillán Viejo, en la Región de Ñúble, y fue trasladado luego hasta O'Higgins para enfrentar a la Justicia.

La formalización de hoy sufrió un retraso debido a la ausencia de su abogado privado, Juan Carlos Manríquez, y a su reticencia a aceptar la representación de un defensor público.

Línea Azul, sobre la cual el Gobierno inició un proceso para cancelar su operatividad, registra 128 controles, 76 infracciones y dos buses sacados de circulación durante este año; sin embargo, en esas fiscalizaciones nunca se detectaron patentes adulteradas como la de la máquina volcada.

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