En el marco del debate por el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Ejecutivo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó este viernes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que la persecución del crimen organizado debe realizarse dentro del marco institucional, señalando que la falta de eficacia democrática puede abrir la puerta a medidas extremas.
"Lo que nosotros valoramos fue la iniciativa de un paquete de reformas que, en general, recoge muchos planteamientos que el Ministerio Público ha hecho. Sería autocontradictorio que hubiéramos hecho un conjunto de propuestas en los últimos años —como, por ejemplo, modificar el régimen penitenciario— y cuando el Ejecutivo ingresa un paquete de leyes para efectivamente implementar o introducir esas propuestas que hemos planteado a nuestro sistema dijéramos que no es buena idea", afirmó el jefe del Ministerio Público sobre la propuesta impulsada por el Gobierno.
Sin embargo, Valencia advirtió que "el Estado chileno tiene el deber de ser eficaz en la persecución de la delincuencia organizada, pero ese deber no se cumple a cualquier costo, a cualquier precio; se cumple dentro del marco de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos".
En esa línea, sostuvo que "si el Estado democrático, los países democráticos —y esto es una cosa que no solo cae sobre Chile, sino que recae sobre todos los países democráticos— no son capaces de enfrentar con las reglas de la democracia de manera eficaz a la delincuencia organizada, de garantizar a toda la ciudadanía su derecho a la seguridad, a caminar en paz, a tener un espacio de un orden público donde la policía vela por el respeto de sus derechos, etcétera, que es la base de cualquier otro derecho, —y en eso coincido plenamente con lo que dice el Presidente de la República—, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y la tentación de recurrir a medidas autoritarias, a un régimen autoritario, para poder asegurar ese derecho básico está en la puerta. No soy brujo cuando lo digo".
"La lucha contra la delincuencia organizada es una lucha también en defensa de la democracia y la libertad, porque lo que estamos haciendo es mostrándole a la ciudadanía de que la democracia es el camino y no el problema", enfatizó.
El fiscal nacional dijo que existe espacio para fortalecer el marco normativo sin vulnerar los derechos fundamentales ni traspasar la Carta Magna, rechazando la noción de que la legislación actual haya alcanzado el tope de los márgenes constitucionales.
"Nadie puede caer en la idea de que todas las leyes chilenas están en el borde de nuestra Constitución y en la frontera del tratado internacional en materia de derechos humanos. Podemos hacer más (...). Los tratados internacionales y la Constitución establecen ciertos límites; constituye un error creer que la ley está en esa frontera, pues tiene un espacio claro para avanzar", aseguró.
"Como fiscal nacional no podría decir que la vía de reformar la Constitución no pueda ser útil para, por ejemplo, que podamos realizar mejor nuestro trabajo. Lo importante es que sea una decisión política y nosotros ahí podemos proponer, pero no disponer", remarcó.
Dudas por interceptaciones sin control judicial
El paquete legislativo presentado por el Gobierno contempla ejes controvertidos, tales como la facultad del Ejecutivo para disponer interceptaciones telefónicas e inteligencia sin control judicial previo, la creación de un listado oficial de organizaciones terroristas y del crimen organizado, regímenes penitenciarios diferenciados de máxima seguridad y la instauración de un nuevo estado de excepción constitucional para intervenir barrios críticos.
Respecto a las facultades de interceptación telefónica sin autorización judicial que incluye el proyecto, Valencia planteó reparos sobre su utilidad y alcance práctico en el ámbito penal.
"De lo que podía apreciar de la reforma a través del texto que se ha dado a conocer (...), no he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones porque aparentemente no se están modificando las atribuciones del Ministerio Público en la dirección de investigaciones penales (...) Entiendo, entonces, que esas interceptaciones telefónicas no estarían dirigidas a obtener información para que sea útil para una causa penal. Entonces, no entiendo qué información, con qué propósito, quién la solicitaría y por qué se estaría evitando el control judicial si hoy día no tenemos dificultades en ese control", apuntó.
En materia penitenciaria, se mostró a favor de establecer un marco normativo claro para la segregación de imputados de alta peligrosidad, señalando que "una norma expresa que estableciera la posibilidad de la existencia de regímenes penitenciarios diferenciados (...) contribuiría a evitarnos muchas discusiones innecesarias en tribunales" respecto a traslados de líderes del crimen organizado.
Investigación por el homicidio de carabinero en Renca y postura frente a la ley Naín-Retamal 2.0
Consultado por el asesinato del cabo segundo Alejandro Ortiz, perpetrado la tarde del jueves en la comuna de Renca mientras se encontraba de franco, la máxima autoridad de la Fiscalía aclaró que la institución no tiene detenidos confirmados de forma oficial hasta el momento y que las investigaciones se mantienen bajo reserva sin descartar hipótesis:
"La muerte violenta de un carabinero es un hecho atroz, trágico (...) El Ministerio Público por deber constitucional y legal tiene que investigar todas las hipótesis plausibles que puedan explicar el hecho. De momento, la Fiscalía no está comprometida con una hipótesis que explique estos hechos", indicó.
Ante el llamado de sectores políticos y del Ejecutivo para acelerar iniciativas como el proyecto Naín-Retamal 2.0 y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), Valencia aseveró: "Nosotros no vamos a recurrir nunca como pretexto para eludir nuestros deberes a la ausencia de leyes o de medios necesarios. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con los medios con los que contamos hoy día".
Descarta presiones del Ejecutivo y advierte sobre "presiones veladas"
En la entrevista con Cooperativa, el líder del Ministerio Público también abordó diversos frentes judiciales de alta connotación pública. Al ser consultado sobre eventuales interferencias políticas en las causas que involucran al exsubsecretario Manuel Monsalve y al abogado Luis Hermosilla, descartó presiones por parte del Gobierno, aunque reconoció la existencia de cuestionamientos públicos hacia su labor.
"Presiones de parte del Ejecutivo, ni directas ni indirectas, ni durante este Gobierno ni el anterior, nunca recibí", aseguró Valencia.
Sin embargo, matizó sus dichos al señalar que existen intentos de condicionar el actuar de la institución desde otros sectores: "Veladamente recibimos presiones todo el tiempo pero no del Gobierno, sino de distintas autoridades que pretenderían que pusiéramos más ahínco en perseguir a un grupo y no tanto a otro".
En el marco del caso Monsalve, el fiscal nacional ratificó la postura de la Fiscalía respecto a la pena solicitada para la exautoridad, que asciende a 14 años de cárcel por delitos sexuales, respaldando el cierre de la investigación a cargo del equipo persecutor.
"Esperamos que el tribunal condene a las penas que el Ministerio Público está solicitando, que no las estamos pidiendo por capricho, sino porque entendemos que es lo que conforme a la ley corresponde aplicar", puntualizó, añadiendo que la investigación duró dos años y está "madura y suficientemente agotada".
Respecto a las medidas cautelares y la protección de la denunciante en la misma causa, Valencia reiteró que "a todas las víctimas de un delito como el que afectó a esta persona se les aplica una evaluación de riesgo y en virtud de eso se disponen medidas de protección por parte de la Fiscalía. Es nuestro deber legal y constitucional".
Maduro en la mira: Valencia confirma gestiones pendientes ante la justicia de EE.UU.
El fiscal nacional se refirió además al estado de las investigaciones en torno al secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, confirmando que las gestiones del Ministerio Público para interrogar a Nicolás Maduro se encuentran a la espera de coordinaciones con las autoridades de Estados Unidos.
"El interrogatorio de Maduro ya nosotros como Ministerio Público hemos cumplido con todos los pasos que nosotros tenemos a nuestro alcance, probablemente ya depende de gestiones más bien políticas de Estado a Estado si eso se puede concretar. Las autoridades de los Estados Unidos han manifestado que de momento una diligencia de esa naturaleza puede interferir en las diligencias que ellos mismos están realizando. Nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer y con la mayor creatividad posible", precisó.
Consultado sobre si la Fiscalía chilena cuenta con antecedentes consolidados para determinar no solo a los ejecutores del crimen sino también a los autores intelectuales antes del inicio del juicio oral fijado para el próximo 20 de octubre, Valencia aclaró que dicha arista se mantiene abierta y apunta hacia la cúpula del régimen venezolano.
"Si eso hubiera ocurrido, el fiscal Barros habría podido acusar también a quienes lo fraguaron o lo financiaron, y ese es un aspecto que todavía está abierto y va a estar abierto probablemente por un buen tiempo. Él ha podido acusar a quienes ha podido acusar, pero identificar a las personas que lo fraguaron o los financiaron es todavía un esfuerzo en curso (...). Son los antecedentes con los que se cuenta", subrayó el jefe del ente persecutor.
