El programa operará hasta septiembre, con un presupuesto de 600 millones de pesos.
Se espera que beneficie a más de 3.500 personas en diversas comunas de la región.
El beneficio, ley desde 2008, alcanzará a 1,5 millones de adultos mayores.
Está vendiendo los números a 3.000 pesos para sortear los 500.000 otorgados por el Estado.
Camila Vallejo (PC) consideró "impresentable" que la propuesta del Gobierno incluya "montos que siguen manteniendo a la gente bajo la línea de la pobreza".
Fustigó la idea de la centroizquierda Juan Antonio Coloma (UDI): "Lo importante es que el 100% de las personas en el Registro Social de Hogares van a recibir el beneficio".
Pese al llamado a realizar todo el proceso de modo virtual, hubo quienes prefirieron concurrir presencialmente a las sucursales.
La cantidad de gente fue menor a la observada, no obstante, para el primer y segundo retiros.
"No más hacinamiento", se lee en lienzos de vecinos de Lo Hermida que salieron esta tarde noche a las calles del sector, en la comuna de Peñalolén, para protestar, incluyendo barricadas incendiarias, y demandar que el Gobierno implemente un "plan habitacional de emergencia" en la zona, que aseguran está devastada por la crisis social, económica y laboral, además de sanitaria por la pandemia de coronavirus. "Estamos en una situación de catástrofe habitacional", alertó Julia Espinoza, vocera de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida. "Estamos en una situación límite y necesitamos que el Ministerio de Vivienda se haga cargo, (...) concrete las reuniones que ha tenido desde hace años con nosotros y haga un plan habitacional de emergencia para Lo Hermida", emplazó. Advirtió asimismo que "tenemos dos récords: somos el sector de Peñalolén con mayor hacinamiento y también el con más contagio", enfatizando que las cuarentenas "no funcionan para nosotros, porque el hacinamiento es la mayor fuente de contagios". Entre otros puntos, exigen también una renta básica universal de 600.000 pesos.
A nivel regional, más de 122 mil personas lo reciben desde hoy de manera automática.
Esta opción incluso sería transversal entre segmentos socioeconómicos, según los resultados plasmados en el último sondeo "Data Influye".
Si bien la mayoría saldaría deudas (33%) o compraría alimentos (22%) con los dineros, un porcentaje no menor (22%) los invertiría.
La protesta convocó a los habitantes de La Bandera, La Pincoya, El Barrero y José María Caro, quienes solicitan -además- una renta básica universal.
Se registraron cortes de tránsito en la caletera de Américo Vespucio a la altura de Huechuraba, Lo Espejo y San Ramón.
El economista y consultor independiente Luis Eduardo Escobar, en conversación con El Diario de Cooperativa, se refirió a las ayudas económicas estatales otorgadas por el Gobierno ante la pandemia de Covid-19 y en la posibilidad de un ingreso universal, lo que a su juicio, es algo "perfectamente alcanzable si acaso se tomara la decisión política de avanzar en esa dirección" y que, en esta línea, "tiene que haber una conversación al respecto". Esta iniciativa "en principio, podría costar 2,5 a 3 puntos del PIB, que vienen a ser unos 9.000 millones de dólares, en vez de los 6.500 que dice que va a hacer el Gobierno".
El consultor Luis Eduardo Escobar indicó que al no entregar ayudas estatales se acudió a los ahorros personales, lo que es una "pésima política, pero es la única que nos dejaron".
"Chile tiene el espacio fiscal -y siempre lo tuvo- para poder hacer algo que fuera más coherente, más consistente, que llegara desde el inicio a la gente", explicó.
Ante la ola de reclamos de quienes quedaron fuera del beneficio, la ministra Karla Rubilar les llamó a actualizar sus datos del Registro Social de Hogares.
De esta manera podrán postular al IFE "ampliado", que "no tiene ningún otro requisito", según la titular de Desarrollo Social.
"Lo que necesitan las familias son certezas", destacó la directora de Espacio Público Andrea Repetto.
"La situación fiscal se prestaba para apoyar de manera fuerte a las familias", agregó.
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