El nuevo fondo que consiguió aprobar en la cumbre del clima de la ONU dará respuesta a las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático en los países más expuestos a sus efectos, aunque quedan pendientes algunas cuestiones sobre las que los negociadores no lograron consenso.
A falta de conocer sus detalles sobre cómo funcionará, quién deberá aportar dinero o cuándo exactamente estará totalmente operativo, la COP27 convino componer un Comité de Transición, de 24 miembros que deberán ser nominados en diciembre de 2022, que tendrá que tomar decisiones sobre el nuevo fondo para finales de 2023.
Su aprobación fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones en las que los Estados más vulnerables ante los efectos adversos de la crisis climática lograron convencer a los países desarrollados de que tienen la responsabilidad moral de costear los daños económicos que les ocasiona el calentamiento global.
Al inicio de las negociaciones, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón -entre otros- eran reacios a crear un fondo a corto plazo. Los primeros argüían que se tardaría años en ponerlo en marcha y eso retrasaría la movilización de dinero en tiempos que demandan respuestas urgentes.
En lugar de establecer un fondo ad hoc para pérdidas y daños, las economías más industrializadas proponían recurrir a los instrumentos financieros ya existentes bajo el paraguas de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, pero finalmente, tras ver que los estados en desarrollo no desistían en reclamar un fondo nuevo, la UE cedió para desatascar el diálogo y presentó su propia propuesta de fondo.
PROPUESTA G77 Y CHINA
La propuesta que plantearon los países del G77 y China se basaba en una clasificación de estados de 1992, de forma que todos los países considerados "en desarrollo" según el Anexo I de UNFCCC -entre los que se incluyen China, Catar, Arabia Saudí o Kuwait- pudieran acceder a la ayuda, y que los "desarrollados" fueran los donantes.
Las potencias occidentales, como la UE, criticaron esa dualidad y esa clasificación concreta, pues alegaban que "el mundo ya no se puede concebir como era hace 30 años", ya que "ahora el mundo es mucho más complejo", dijo Timmermans.
Preocupados por la disponibilidad de dinero para las potenciales aportaciones al fondo, los negociadores de la UE -con EE.UU. de su lado, según informaron fuentes europeas- presionaron para ampliar el abanico de donantes de forma que incluyera también a otros estados con capacidad financiera, como China, así como al sector privado.
Por otro lado, recalcaban que el fondo debía solo responder a las pérdidas y los daños climáticos en los países más vulnerables ante este fenómeno, pues advertían de que si todos los etiquetados como "en desarrollo" según el Anexo I se beneficiaran, el margen de apoyo financiero sería bastante más limitado para los países que realmente precisan ayuda urgente por impactos climáticos, como las islas.
CAMBIOS EN EL TEXTO
En las últimas horas de la negociación, ya en la prórroga de la cumbre, el texto fue matizándose hasta lograr limitar el acceso al fondo a países en desarrollo "particularmente vulnerables" a las consecuencias de la crisis climática, eliminando la controvertida referencia a la clasificación de 1992.
Otra victoria para el bloque europeo fue considerar en la decisión adoptada la solución mosaico, pues instaba a las instituciones financieras internacionales a considerar en sus reuniones de la primavera de 2023 su potencial para contribuir a los arreglos financieros, "incluidos los nuevos e innovadores enfoques" para las reparaciones climáticas.
El texto acordado, no obstante, sigue sin explicitar a quién se exigiría aportar dinero al fondo.
