La Contraloría General de la República emitió este jueves su dictamen contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, producto de la polémica remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
El texto, firmado por la contralora general Dorothy Pérez, estableció que la otrora autoridad excedió sus facultades al solicitar información sensible y detallada sobre una investigación penal en curso, apenas 48 horas después de haber asumido su cargo el 11 de marzo.
A través del dictamen N° D344/2026, el ente fiscalizador analizó el polémico oficio reservado N° 28, mediante el cual Steinert requirió a la PDI una nómina detallada de los funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa con un RUC específico (investigación al "Clan Chen" en Antofagasta).
La contralora Dorothy Pérez concluyó que la actuación de la exministra "no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención", toda vez que la ley prohíbe a los ministros solicitar antecedentes cuya divulgación pueda afectar el desarrollo de una investigación penal.
El documento profundiza en el conflicto de intereses que rodeó la gestión de la exsecretaria de Estado, quien antes de saltar al gabinete de José Antonio Kast se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
Según el organismo, los requerimientos se refirieron a personal policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia Steinert en su rol anterior, ante lo cual la Contraloría recordó que los ministros "están sujetos al señalado deber de abstención" cuando se vean afectados por un conflicto de intereses, incluso si este es solo de carácter potencial.
Salida de Consuelo Peña se ajustó a derecho
En otro de sus puntos clave, el dictamen abordó la controversia por la remoción de la exprefecta general de la PDI Consuelo Peña, lo que obligó al director Eduardo Cerna a cuadrarse, ante el Congreso, con la versión del Gobierno.
Sobre esta materia, la resolución de Pérez favoreció la postura de La Moneda al señalar que el decreto que dispuso su retiro absoluto se encuentra conforme a la ley, por lo que el acto fue cursado por la Contraloría General "por ajustarse a derecho".
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