Casi dos semanas después de que el ex senador Jaime Orpis (antes militante de la UDI) fuera sentenciado a más de seis años de presidio por fraude al Fisco y cohecho, se ha confirmado que ni el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado buscarán extender la pena dictada.
Según consignó La Tercera, la Fiscalía Centro Norte estimó que el fallo del Tercer Tribunal Oral de Santiago no adolece de vicios de nulidad y que se ajusta a derecho, por lo que no recurrirá ante la Corte Suprema ni la de Apelaciones, así como tampoco pedirá que se realice un nuevo juicio.
Cabe recordar que tras el veredicto del caso dado a conocer en diciembre del 2020, el Ministerio Público había solicitado 11 años de presidio para Orpis -cuatro por cohecho y siete por fraude al Fisco-, pero la resolución final dictaminó cinco años y un día por fraude reiterado y 600 días por cohecho, pena que de todos modos se reduce al abonarse el tiempo que el ex legislador ya pasó recluido, con lo que estará más de tres años en la cárcel.
Por su parte, y ya terminado el plazo para presentar recursos, se constató que el CDE tampoco solicitó modificar la sentencia, y así como el Ministerio Público, hay conformidad con lo obrado por el tribunal que revisó el largo juicio contra el ex senador.
En el caso de los acusados, no recurrió tampoco la empresa Corpesca S.A. -perteneciente al grupo Angelini-, y por ende acatará el fallo, que la condena a pagar poco más de 517 millones de pesos por violar la Ley de Responsabilidad Penal Jurídica al entregar dinero tanto a Orpis como a la ex diputada Marta Isasi (PRI-Ind) para ser favorecida durante la tramitación de la Ley de Pesca.
EL SII, ÚNICO QUERELLANTE INSATISFECHO
En definitiva, el Servicio de Impuestos Internos (SII) es el único querellante de la parte acusadora que cuestiona la pena contra el ex senador, pues el año pasado fue absuelto de delitos tributarios por voto de mayoría, a pesar de que el ente denunció el que facilitara 78 boletas ideológicamente falsas.
Según esa lectura, las magistradas desestimaron que al momento de solicitar a cercanos y asesores que emitieran boletas falsas -justamente el origen del caso Corpesca- Orpis cometiera la conducta sancionada en el Código Tributario.
El abogado del SII, Manuel Navarrete, objetó que en el veredicto se reconozca que la intención detrás de la entrega de esas boletas era "posibilitar a través de un medio idóneo que el receptor de ellas pudiese rebajar su base imponible en forma irregular", al tiempo que "se descarta el dolo, pues confunden lo que la doctrina denomina como 'motivación con el dolo', al considerar que su voluntad no era otra que obtener el dinero para financiamiento de sus campañas y deudas".
Por lo demás, en su recurso advierte que "llama la atención que se citen dos fallos relativos a la solicitud de desafuero del ex senador Fulvio Rossi (antes militante del PS) y no se consideren los fallos que acogieron la solicitud de desafuero del propio ex senador Orpis y la ampliación del mismo, pronunciados por esos mismos tribunales superiores de justicia", como el del tribunal de alzada de Santiago, que lo resolvió tomando en cuenta los delitos tributarios que en ese entonces se le imputaban, y que incluso fueron citados por una de las magistradas en diciembre.
En la otra vereda, la defensa del ex parlamentario pretende anular la condena por cohecho, pero de no aceptarse este recurso, solicita que la corte santiaguina aplique los beneficios de las penas sustitutivas y que éste pueda cumplir su sentencia en libertad.
