El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la medida cautelar para los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados por delitos económicos y de corrupción en el marco del bullado caso "Muñeca bielorrusa", por lo que seguirán recluidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
Ambos juristas son acusados de gestionar pagos ilícitos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco para influir en un fallo favorable para el consorcio Belaz-Movitec en un millonario litigio contra la estatal Codelco.
El juez Freddy Cubillos, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, determinó que los argumentos presentados por los defensores, quienes apuntaron a razones de salud de los imputados, al tiempo en que ellos han permanecido en prisión preventiva y una eventual colaboración con la indagatoria, no fueron suficientes para modificar las medidas cautelares.
Defensa acusa falta de proporcionalidad
Marcelo Abuguea, abogado defensor de Eduardo Lagos, calificó la resolución como "desproporcionada", mientras que el representante de Mario Vargas, Sergio Contreras, adelantó que estudiarán la resolución para evaluar una eventual apelación.
"El principio de proporcionalidad se ve afectado si una de las coimputadas, que en definitiva es el sujeto de interés para los delitos que se formalizaron, pueda estar con un arresto domiciliario total y, en definitiva, nuestro representado -que incluso arriesga una pena menor- hoy día esté sujeto a la medida de prisión preventiva, e incluso por un lapso del doble de tiempo del que estuvo la exministra (Vivanco)", manifestó Abuguea.
En tanto, Contreras señaló que "creemos razonablemente que el hecho de que a mi cliente se le modifique la prisión preventiva en nada altera ninguno de los elementos del proceso. Vamos a estudiar la resolución con tranquilidad y veremos si procede o no la apelación".
Para el 22 de septiembre está programada una nueva audiencia de formalización en la que estarán citados todos los imputados del caso, instancia en que el tribunal deberá resolver si se concede una ampliación del plazo de investigación solicitada por el Ministerio Público.
