El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco sentenció a 15 años de cárcel a Pelentaro Llaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, y otros cuatro comuneros mapuche vinculados a una serie de ataques violentos ocurridos en la Región de La Araucanía.
Según el veredicto condenatorio de fines de junio, la instancia consideró a Llaitul y al resto del grupo, identificados como Luis Menarez, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil, como autores de delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta y secuestro simple ocurridos en noviembre de 2022, cuando irrumpieron en un fundo ubicado en la comuna de Lautaro.
En la oportunidad, el juez redactor Wilfred Ziehlmann señaló en el veredicto que los imputados, "todos previamente concertados y algunos de ellos armados -entre ellos con una escopeta y un fusil-, irrumpieron en el predio San Luis, ubicado en Colhueco, en la comuna de Lautaro; y de propiedad de la empresa FHO".
"Intimidaron a los trabajadores forestales, que, en ese instante, desarrollaban sus actividades laborales, efectuando disparos con las armas que portaban para evitar cualquier oposición a su proceder", relató.

La Fiscalía había solicitado cerca de 60 años de cárcel para los condenados. (Foto: ATON)
Frente a tales antecedentes, el fallo comunicado este lunes corresponde a una decisión unánime del TOP, que estableció para todos penas de siete años de presidio por el delito de incendio, y de tres años y un día por secuestro.
La sentencia también fija una segunda pena de cárcel de tres años y un día por un delito de hurto, así como 541 días por un segundo hurto.
Asimismo, el TOP de Temuco estableció la responsabilidad de Pelentaro Llaitul y Juan Mardones en el delito de porte ilegal de municiones, por lo cual fueron condenados a otros 541 días de prisión.
El fiscal César Schibar dijo que "es importante señalar que este cumplimiento deberá hacerse privado de libertad, al interior de la cárcel, puesto que no reúne ningún requisito para optar a algún beneficio alternativo al cumplimiento de la condena".
Luis Calderón, seremi de Seguridad Pública, planteó que "como gobierno y en nuestra calidad de querellantes, valoramos esta decisión del tribunal y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando coordinadamente con las policías y el Ministerio Público".
Junto con estas penas de cárcel, los condenados deberán pagar las accesorias del proceso y una multa de hasta 17 Unidades Tributarias Mensuales (poco más de 1.218.000 pesos).