En respuesta a los cuestionamientos realizados por Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior del Presidente electo, José Antonio Kast, quien acusó falta de transparencia en la gestión del polémico proyecto –que se encuentra en evaluación– para construir el cable submarino de fibra óptica entre China y Chile, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el actuar del Ejecutivo y exigió un "mínimo de patriotismo" tras las sanciones de Estados Unidos.
El militante de la UDI había comentado previamente, en Radio Universo, que "a La Moneda le ha faltado transparencia ante la opinión pública".
"Cuando surgió este tema, lo que correspondía era dar la versión completa de los hechos y no versiones contradictorias", acusó Alvarado.
En una rueda de prensa en La Moneda, la ministra de la Segegob reiteró que la actual Administración "no ha desechado el proyecto ni lo ha aprobado; lo está evaluando y eso se ajusta total y completamente a los hechos".
Además, Vallejo aseguró que el análisis de la iniciativa está considerando las aprehensiones mostradas por el embajador de EE.UU., Brandon Judd, cuyo Gobierno revocó las visas de los miembros del Ejecutivo chileno implicados en el proyecto, entre los que está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, porque, según Washington, "socavaron la seguridad regional".
"Yo pediría que, antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos, haya un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado por otro país de manera arbitraria e injustificada, con imputaciones que son falsas, en un acto mínimo de patriotismo", sostuvo la secretaria de Estado sobre los dichos de Alvarado.
Vallejo enfatizó que no es competencia del Gobierno saliente dictar las acciones del Mandatario electo, sino cumplir con sus propias responsabilidades constitucionales.
"No nos corresponde a nosotros decirle al Presidente electo qué es lo que tiene que hacer, si aprobar o rechazar un proyecto como este. Lo que nosotros sí le podemos decir, que es lo que nos corresponde, es que hasta el último día de nuestro mandato vamos a continuar con un proceso de evaluación responsable, recabando todos los antecedentes por parte de todos los ministerios involucrados y las instituciones, además, correspondientes, como lo mandató el Presidente de la República, para finalmente tomar una decisión responsable de cómo avanza esto o no", dijo la vocera.
"¿Cuál sería una decisión responsable? En el marco de nuestra institucionalidad y siempre velando por los intereses de nuestra nación, que es su soberanía, que es su desarrollo y que son sus posibilidades de, obviamente, oportunidades que traen estos proyectos de inversión, pero siempre poniendo en el centro la seguridad y la soberanía de nuestra patria", agregó Vallejo.
Opinión de expertos
De acuerdo al profesor de Gestión de Proyectos de la Universidad del Desarrollo, Alfonso Kaiser, "el problema es que con Estados Unidos nosotros tenemos la visa waiver, está Interpol, no es un problema de soberanía, es un problema de quién es el dueño de ese dato. Todas las policías de la región, que comparten datos con Chile, debieran preguntarse si esto les afecta o no, hacer un análisis de seguridad, de riesgo, porque los datos no son míos, me los comparten a mí y yo tengo la obligación de custodiarlos".
"Ese es el problema de trabajar con China y darle esta supercarretera en que pueden hacer lo que quieran, porque su legislación, su idiosincracia es sacar los datos y no respetar los derechos de autor ni nada. En ese sentido, ese es el peligro de estar con China, que China todo lo que le sirva lo va a usar y todo lo que tú creas que tiene un marco legal no lo tiene para ellos, porque es una dictadura, y por lo tanto no tienen el mismo esquema nuestro", añadió.
Desde la ONG Derechos Digitales, su codirector ejecutivo Juan Carlos Lara recordó que "hoy Chile tiene leyes de ciberseguridad y de protección de datos personales que establecen obligaciones sustantivas, pero que operan de forma desconectada de los procesos de infraestructura y de su autorización, y Chile también debe hacer valer esa protección al acordar cualquier forma de cooperación con entidades extranjeras".
"La concentración del poder tecnológico es un tema transversal, hay pocas empresas de distintos países que controlan la infraestructura sobre la que funciona internet. Para Derechos Digitales lo que se necesita es un criterio consistente que devuelva el control a las personas", agregó.
