Andrés Montes dijo que "este delito es grave y debe ser sancionado drásticamente".
Se decretó la suspensión condicional del caso por un año.
Formalizados deberán donar 230 millones de pesos.
El fiscal jefe de la zona Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, rechazó la decisión del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de decretar la suspensión condicional por un año para los 10 ex ejecutivos de las grandes cadenas de farmacias formalizados por el caso de colusión de precios.
Montes criticó la insuficiencia de la ley en sanciones correspondientes a delitos de colusión: "Me interesa dejar muy claro que la legislación que hoy existe en Chile es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como fenómeno delictivo que afecta a todos los chilenos".
"Hoy incluso el magistrado ha dejado claramente establecido que la pena en un juicio como éste podría haber llegado a 21 días de privación de libertad. Eso es insuficiente, este delito es grave y debe ser sancionado drásticamente".
El juez Cristián Sánchez se basó en que la defensa de los formalizados aceptó las condiciones propuestas por el Ministerio Público: Cumplir durante un año un programa de capacitación ética empresarial y la donación en dinero por parte de los imputados a ONG sin fines de lucro relacionadas con la salud, como Corporación Nacional del Cáncer, la Liga Chilena contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem.
El abogado Fernando Santelices, representante del ex diputado Jaime Mulet, aseguró que tras cuatro años de investigación, la respuesta de la fiscalía no fue de calidad y no se daban los requisitos para la salida alternativa.
"La naturaleza y gravedad de los hechos requería que estos fueran sancionados y penados en una audiencia de juicio oral, tal cual como se había presentado en un inicio", dijo.
Añadió que "el Ministerio Público presentó una acusación, porque al igual y es algo que nosotros compartimos, estimamos que se daban todos los elementos para acreditar la existencia de los delitos y la responsabilidad de los imputados en ellos".
"A nuestro juicio, era perfectamente posible que un tribunal estableciera -luego de la discusión en el juicio- una pena que iba desde los tres años y un día, y los cinco años de cárcel", explicó.
En este proceso están imputados Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (Farmacias Ahumada), Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (Cruz Verde), Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand) y Mario Zemelman (Laboratorio Medipharm).
