Jaime Araya, presidente de la comisión investigadora sobre la criminalidad en el norte, llamó a la Cancillería a abordar con Bolivia un acuerdo para la reconducción.
Acusó que la actitud del régimen de Venezuela, que impide enviar a sus ciudadanos de vuelta, es un "abuso" contra Chile.
La titular de Interior explicó que no se debe del todo a la gestión del Gobierno, sino que a la poca respuesta de los países de origen.
Tohá participó en la comisión investigadora de la Cámara donde detalló qué ha hecho el Gobierno para mejorar la respuesta a la alta criminalidad en el norte.
En el norte del país trabajan cerca de 600 soldados controlando las fronteras, a lo que se suman casi mil efectivos en la Macrozona Sur y otros dos mil para ayudar en el combate de incendios.
Se trata de más de un 8 por ciento de la dotación total para cubrir la contingencia.
El fenómeno se registrará desde esta tarde-noche en los sectores altos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
En el grueso de los procedimientos "no se han detectado faltas ni delitos", dijo el subsecretario Manuel Monsalve.
Recalcó que un acuerdo con Bolivia para poder gestionar la reconducción "es muy indispensable".
El director de la repartición, Luis Eduardo Thayer, aseveró en Cooperativa que esta medida generará "resultados evidentes en el corto plazo".
Incluso sostuvo que cerca de 3.000 personas han sido reconducidas en esta primera semana del despliegue de las FFAA en la frontera norte.
"Hasta ayer teníamos un forado muy grande por el cual entraba mucha gente que no sabíamos quiénes eran (...) Eso va a dejar de suceder o, más bien, sustantivamente va a disminuir la ocurrencia de esa situación", garantizó a Cooperativa.
A casi 50 años del golpe, la jefa de Interior afirmó que el despliegue militar en la frontera y la emergencia de los incendios constituye "una muestra de madurez" del país.
Sobre una posible modificación del gabinete en marzo, dijo que el Presidente Boric "lo va a establecer en los plazos que le parezcan correctos, pero lo que sí puedo decir es que no es necesario esperar un gran cambio".
La titular del Interior llegó este lunes a Colchane para supervisar el despliegue de las FF.AA. para controlar el flujo migratorio, en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de infraestructura crítica.
"Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control. Este no es solo un tema de que faltaba la presencia militar; faltaban muchas cosas", arremetió.
"A través del reforzamiento de esta Ley de Infraestructura Crítica podremos enfrentar y retomar el control en las fronteras", relevó Vlado Mirosevic, timonel de la Cámara Baja.
Su par Sebastián Videla afirmó, por su parte, que esta medida ayudará a "ordenar la casa".
El gobernador de Arica, Jorge Díaz, afirmó que tienen las "más altas expectativas" sobre el impacto que tendrá el despliegue militar.
Ricardo Díaz analizó la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica en la macrozona norte y aseguró que falta que sea acompañada de una mayor dotación del Ministerio Público.
“Nos gustaría poder tener la facultad de querellarnos por la Ley de Seguridad Interior del Estado o cuando haya delitos de alta connotación”, comentó sobre el rol que cumplen los gobernadores.
En el Diario Oficial también se informó los jefe de defensa para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Contraloría tomó razón durante esta jornada del Decreto Supremo que permite reforzar el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Los funcionarios podrán realizar controles de identidad, revisiones de equipajes y detenciones.
El ente contralor solicitó incorporar al texto dos modificaciones de forma, entre ellas, el plazo de custodia de los eventuales detenidos por las FFAA.
La ministra Carolina Tohá aseguró que aquel trámite "va a pasar hoy mismo".
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