Acción del Ejecutivo se produjo un día después de que la Cámara de Diputados aprobara legislar retiro de fondos de pensiones.
En el oficialismo, el senador RN Francisco Chahuán advirtió que no apoyarán ninguna medida que vaya en "perjuicio" de lo establecido sobre los servicios básicos.
El Gobierno ingresó este jueves en la Cámara de Diputados vetos para dos proyectos aprobados en el Congreso: el que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia de Covid-19 y el que crea el Servicio Especializado de Protección de la Infancia.
La acción del Ejecutivo se produjo pocas horas después de que dicha corporación parlamentaria aprobara la idea de legislar el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones desde las AFP con votos transversales, incluidos 13 del oficialismo.
Tras la derrota con la reforma que permitiría el retiro de fondos de pensiones, el Gobierno ingresó a la Cámara 2 vetos: Uno a la ley de servicios básicos, y otro a la ley que crea el Servicio Especializado de Protección a la Infancia.@Cooperativa
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) July 9, 2020
Sobre el primero, se trata de un veto aditivo, supresivo y sustituvo: pretende establecer un tope de hasta 15 metros cúbicos de agua para poder acceder al beneficio, eliminar la posibilidad de pedir el "plan solidario de conectividad" en telefonía e internet y permitir a las empresas traspasar a los clientes los mayores costos de la implementación de la ley.
El Ejecutivo asegura que la propuesta no afectará los beneficios para la ciudadanía contemplados en la ley, que presionaban en principio desde una parte de Chile Vamos ya que, principalmente la UDI, consideraba que el proyecto no se ajusta a la Carta Fundamental y puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas; eso mientras el timonel RN, Mario Desbordes, matizaba su posición y consideraba que "no vale la pena" vetar la ley.
Sin embargo, un grupo de alcaldes oficialistas, bajo el alero de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), pedían que el Ejecutivo no vetara la ley y la promulgara. Lo mismo que parlamentarios de oposición, considerando que la iniciativa fue aprobada sin votos en contra en ambas Cámaras, pero sí con abstenciones del oficialismo.
El anuncio se hizo en paralelo a la comunicación del nuevo acuerdo del Gobierno con las empresas sanitarias, eléctricas, de gas y telefonía, que ampliará los beneficios de no corte del 40 al 60 por ciento del Registro Social de Hogares. Ambas medidas "buscan el mismo propósito", pero el proyecto de ley al que se le ingresó el veto pretende hacerlo "por la vía legal", precisó el ministro de Energóa, Juan Carlos Jobet.
Y reiteró que con el veto "no se afecta ningún beneficio, la gente va a tener acceso a todo, y vamos a arreglar problemas del proyecto que son constitucionales, pero que no ponen en riesgo el suministro (...) es hacer observaciones a esa ley que asegura que a nadie le corten los servicios, y reafirmamos ese compromiso y que la gente tenga acceso a pagar en 12 cuotas si lo necesita".
Lo reafirmó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien subrayó que el veto busca "mantener los beneficios que establece la ley, pero lo encuadra estrictamente en la institucionalidad", ya que "si esa ley después es objetada por tener vicios de inconstitucionalidad u otros problemas, lo que va a pasar es que esos beneficios no van a llegar a la gente, por tanto este veto mantiene los beneficios de la ley, pero lo hace dentro de un marco estricto de respeto a la institucionalidad".
En el oficialismo ya toman posición, al menos el senador RN Francisco Chahuán, que aseguró que "hemos sido claros y categóricos, acá el veto del Ejecutivo no puede significar ningún perjuicio en las garantías del proyecto. Se requiere garantizar que la clase media y los sectores más vulnerables, duramente golpeados durante la pandemia, no sufran otra intranquilidad".
Además, sostuvo que "es muy importante que haya mucho más diálogo con las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados para evitar un bochorno de un rechazo del veto".
En la oposición anuncia su rechazo, como manifestó la diputada DC Joanna Pérez, impulsora del proyecto. "Es lamentable, elimina beneficios como el plan de conectividad que había trabajado la propia ministra Gloria Hutt junto al Parlamento; y también lo que significa el traspasar el costo de esta ley a los clientes, esto no se permitía en la ley y debía ser sin multas, intereses ni ningún costo asociado, y lo elomina el Gobierno porque quiere seguir defendiendo a las empresas; lo lamento rotunda y profundamente".
Incluso esta semana, cuando el Ejecutivo confirmó que iba a enviar este veto, la bancada de los diputados DC dijeron estar estudiando un congelamiento de las relaciones con el Gobierno.
De momento, es probable que ambos vetos sean rechazados en el Congreso, pero la esperanza del Gobierno está puesta en que en la votación inmediata de insistencia, los parlamentarios no tengan los dos tercios que se requieren constitucionalmente para mantener en los proyectos las disposiciones que habían aprobado y que fueron observadas por el Ejecutivo.
El otro veto, también aditivo, supresivo y sustitutivo, apunta a eliminar la disposición transitoria que amarra el inicio de funcionamiento del Servicio Especializado de Protección de la Infancia a la entrada en vigencia de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que lleva tres años en su segundo trámite en el Senado.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, lamentó el veto presidencial al proyecto.
"Si bien nosotros hemos planteado desde un inicio que este servicio no constituye la reforma estructural que los niños, niñas y adolescentes requieren, nos parecía que la inclusión de esa norma, que implicaba y exigía que este servicio sólo pudiera entrar en vigencia como ley si se aprobaba y promulgaba la Ley de Garantías, era una manera de lograr que los principios y los derechos garantizados en esa ley base fueran los que guiaran precisamente el comportamiento de un servicio que tiene que hacer un salto cualitativo a la situación de desatención y de exposición a la vulneración de derechos" que los menores "siguen viviendo cuando están al cuidado del Estado", dijo la titular del organismo autónomo.
