En fallo unánime, los ministros de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretaron firma mensual y prohibición de acercarse a las actividades del Presidente a Catalina Castillo Jara, la mujer que escupió al Mandatario cuando éste asistió al funeral del sacerdote Alfonso Baeza.
La abogada de la Fiscalía Centro-Norte, Eugenia Duffau, presentó sus alegatos ante los jueces de turno Mario Gómez, Tomás Garay y la abogada Paola Herrera, tras la solicitud del Ministerio Público de reconsiderar el hecho de escupir al Presidente como una falta y no como un delito.
Duffau detalló que "en los hechos, la resolución de la Corte es que se revoca la resolución impugnada en los términos solicitados y accediendo a lo pedido por el Ministerio Público"
Además, "se estimaron proporcionales las medidas de prohibición de concurrir a actos en que anuncie con anticipación su presencia el Presidente de la República y, asimismo, firma mensual en dependencias del Ministerio Público, sin perjuicio, que la calificación jurídica es un asunto de fondo", declaró la abogada.
Defensa insiste que es una falta
La Corte de Apelaciones estableció que existen antecedentes para considerar esta falta como un delito, mientras que la abogada defensora de la imputada, Karen Fernández, afirmó que "planteamos la hipótesis de que estamos frente a una falta e insistimos en esa hipótesis".
La abogada remarcó que "estamos frente a una falta penal y que tiene pena de multa y no el ilícito que, por lo demás, tiene una pena de 61 días. Mi imputada no tiene antecedentes penales y aún, cuando fuera condenada, sería condenada a una pena remitida firmando un año en Gendarmería".
"La revocación no nos alegra, es evidente, pero todavía hay un proceso penal pendiente y en el cual un juez va a tener que determinar si, efectivamente, concurre o no el ilícito", concluyó la profesional.
Reacción desde Ministerio del Interior
Si bien el Ministerio del Interior no estuvo representado durante la jornada de apelación, tras presentar el viernes una querella contra la imputada por el delito de acto de odio contra la autoridad y conocida la medida cautelar, el abogado Italo León valoró la decisión.
"La imputada no sólo cometió el hecho de lanzarle un escupo al Presidente, sino además una vez que terminó el control de detención, declara publicamente que lo haría de nuevo y reconoce el hecho sin ningún acto de raciocinio sobre el error que había cometido", indicó el jurista.
Para el abogado del Ministerio del Interior se trata de una medida valorable por parte de la Corte de Apelaciones, que aseguró los deja bastante tranquilos. "Aquí se atentó contra la máxima autoridad del Estado", concluyó.
Sobre los argumentos de la defensa de Catalina Castillo Jara, León sostuvo que esta parte siempre buscará alternativas para justificar el acto.