El alcalde Daniel Agusto y el concejo solicitan detener por 14 días los trabajos para enfrentar el alza de contagios que presenta la urbe minera, con 4.824 casos.
La estatal "tiene la oportunidad de tomar la gran decisión de demostrarnos cuál es el verdadero compromiso social con la gente", dijo el jefe comunal.
Empresa informó que la medida implicará la disminución de 400 trabajadores.
Se trata de la detención de las actividades en las gerencias de fundición y refinería y continuarán las áreas de mina y concentradora.
Se trata de infracciones a la norma vigente por descargas de residuos industriales a ríos y esteros por parte de la División Andina.
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló 11 cargos, cuatro de ellos graves.
La empresa además operará en Chuquicamata solo con trabajadores de Calama.
Estas medidas permitirán disminuir desplazamientos desde otras regiones.
La minera aportó al Estado 54 millones de dólares en el periodo.
La acción judicial apunta a la adjudicación de dos millonarios contratos en la División Salvador de la minera estatal.
También está querellado por soborno el beneficiado con tales convenios, ex socio del hijo de Pizarro.
"La detención permitirá reforzar la seguridad sanitaria de las divisiones", explicó la estatal.
La medida afecta al proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Traspaso Andina y las obras tempranas de Rajo Inca.
La medida, que regirá por 15 días, comenzará a implementarse en los turnos de este jueves.
El objetivo principal es resguardar la salud de los trabajadores, pero manteniendo la continuidad operacional y el resguardo de las instalaciones de las empresas.
El proyecto comenzó a operar con 15 meses de anticipación.
Codelco prevé extender en 50 años la vida del yacimiento con esta y otras iniciativas que están en construcción.
La cuprífera acusa a la empresa aseguradora por una supuesta "maquinación defraudadora" en su contra.
La estatal denunció sobreprecios en seguros contratados por varios sindicatos.
La iniciativa busca internacionalizar las operaciones de la minera estatal, tras un acuerdo con el Gobierno del presidente Lenín Moreno.
"Llurimagua" está detenida debido a que falta la última firma desde Ecuador para constituir la sociedad.
La cuprífera estatal solicitó terminar la relación con 20 trabajadores de Chuquicamata y dos de Radomiro Tomic.
La compañía también presentó querellas por el delito de estafa en presuntas irregularidades en la negociación de seguros.
La minera acusa a una veintena de representantes de trabajadores de Chuqui y Radomiro Tomic por posible malversación de fondos en la gestión de seguros de vida.
Involucrados aseguran que la cuprífera avalaba los valores de las pólizas.
Baldo Prokurica apuntó a que "hay recursos que pertenecen a todos los chilenos de una empresa del Estado".
La minera estatal se querelló tras detectar supuestas irregularidades en la negociación de seguros de vida y accidentes personales.
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